El Gobierno ratificó que retoma en Noviembre los tarifazos de Luz y Gas

El gobierno ratificó que retoma en noviembre los tarifazos de luz y gas

La pregunta es por qué el Ministerio de Energía y las petroleras anticiparon, al cerrar la campaña de las PASO, que sigue adelante con el cronograma que cortó Aranguren no bien pase octubre. ¿Triunfalismo con las últimas encuestas? Gracias al recalentamiento global que redujo la demanda invernal y a las tribulaciones del gobierno cuando decidió que asumiría este año como de transición electoral, los tarifazos quedaron afuera de la campaña. Juan José Aranguren, las petroleras y la mesa chica económica de los Ceos se habían resignado a guardar siete meses el violín en bolsa, pero el viernes previo a las PASO se dio vía libre a la cartera energética para que ratifique que la tregua finaliza con los comicios de octubre y que las facturas de electricidad para Capital y Gran Buenos Aires llegarán en noviembre a los domicilios con aumentos del 4,5% para arriba. Las empresas lo consideran apenas un aperitivo del cronograma pendiente para que el incremento complete entre 61% y 148% respecto de febrero. Las boletas de gas se reparten pocos días antes de los comicios de octubre sin haber sido subida la tarifa y con menos calorías facturadas por el exiguo frío invernal, pero retomarán el siguiente mes el diferimiento en 3 veces de los incrementos que dispuso el Ministerio de Energía al interrumpir el cronograma en abril. Según Claudio Chiaruttini, las empresas están pendientes del resultado del domingo para ver si el gobierno obtendrá en las urnas el capital político para continuar con la transferencia de ingresos acordada, o si se le vendrá a las barbas una oposición más radicalizada a cuestionarles el nivel en sí mismo de las tarifas. YPF, la estatal que integra el cuarteto mayor de las productoras de hidrocarburos en el país, reveló en su balance trimestral que facturó más despachando menos volumen de gas pero a mayor precio, convirtiéndose casi en vocera de sus colegas privadas

Quizá con instrucciones impartidas a partir de encuestas triunfalistas que circularon en las últimas horas en Cambiemos, el secretario de Energía Eléctrica, Alejandro Sruoga, anticipó en la jornada de cierre de campaña el día después, pero de octubre, de la tarifa eléctrica para Capital y Gran Buenos Aires y declaró que aumentará al menos un 4,5% en noviembre.

En las empresas esperan que para fin de año la variación no sea menor a 15%, la cual empalmará con el incremento estuvo entre 61% y 148% de febrero último.

No será el único tarifazo agendado por el Ministerio de Energía, a cargo de Juan José Aranguren, para cuando finalice la veda económica electoral en octubre, ya que está en carpeta un ajuste para los combustibles ese mes y para el gas en diciembre.

En el caso de la luz, el argumento es que se trata del proporcional de la suba prevista en el Valor Agregado de la Distribución (VAD) -que percibenEdenor y Edesur-, que será del 19%, al que se agrega una revisión por la inflación acumulada desde febrero e incrementos en el resto de los componentes de las boletas: el precio mayorista de la electricidad y el transporte, de baja incidencia.
El enfoque de los empresarios que operan como funcionarios en el conglomerado económico que coordina la Jefatura de Gabinete de Ministros es que debe desafectarse en forma gradual el subsidio del que se hace cargo actualmente el Estado: el 53% de las facturas del sector residencial. La idea oficial es bajarlo a 37% el año próximo y al 10% en 2019.

Y la cuenta que sigue vigente desde el año pasado comporta que, además, desde febrero de 2018 el cargo que perciben el grupo de Marcelo Mindlin(dueño de Pampa Energía, controlante de Edenor), Nicolás Caputo (dueño de SADESA, controlante minoritaria de Edesur) y Rogelio Pagano(también ex Pampa, y ahora del grupo DESA, controlante de EDEN, EDES, EDEA y EDELAP), vuelva a ser ajustado otro 17% sobre lo que pagan ahora por la generación de electricidad tanto los usuarios residenciales ($ 640 por megawatt/hora) como los grandes (las empresas industriales, por ejemplo, lo abonan $ 1070 Mwh).

Convertir al subsidio fiscal en eje del nivel de tarifa que se pretende que los usuarios domiciliarios e institucionales paguen por la luz, el gas y el agua implica saltear un análisis anterior y no menor: cuál sería verdadero precio de equilibrio del suministro, entre la situación internacional, los costos y la demanda internos y los márgenes necesarios para sostener un plan de inversión que torne más eficiente el abastecimiento.

El programa de indexación tarifaria parece estar más dirigido a las finanzas de los monopolios de estos 3 allegados a la Casa Rosada responsables de suministrar y comercializar el 50% de la demanda a nivel nacional al 49% de los usuarios del país primaron, que a las consecuencias que la transferencia del peso de las tarifas a los usuarios ocasionan al consumo.

Al tratarse de un precio regulado por el Estado, la discusión no se debería circunscribir a quiénes pagan la tarifa (si la subsidia el erario público o se le pasa al consumidor) sino ampliarla a la composición misma de lo que se factura la energía entregada.

Al respecto, la declaración de 2017 como “año preelectoral” dejó sin efecto un debate que dejaba planteada una publicación en el sitio español LaHaine, tras la Audiencia Pública (AP): “Antes el subsidio lo recibía el consumidor y lo pagaba el Estado; ahora los beneficiarios son las petroleras y lo pagará el consumidor. A esto se suman los US$ 4.000 millones por transferencias al sector por la vía del precio del barril de petróleo más alto que el valor de importación (unos U$S 20 por arriba de los US$ 45 que cotiza en el mercado internacional). En medio de una caída de los precios de la energía en el mundo, los de Argentina aumentan garantizando ganancias extraordinarias a las petroleras”.

En tal sentido, la suba que se dispuso para el gas en diciembre en boca de pozo (de un promedio ponderado de US$ 3,77 a US$ 4,19/MMBtu) y se aplicará al transporte y la distribución el 40% de lo que pidieron en laRevisión Tarifaria Integral (RTI), omite la incidencia de lo sucedido durante lo que va del año con la oferta y la demanda.

Complicado escenario para la recuperación del poder de compra del salario.

Complicado escenario para la recuperación del poder de compra del salario.

Caída del consumo energético

Un informe publicado por el Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (OETEC) señala que el suministro de gas a nivel nacional registró su peor retracción desde 2010, al presentar una caída de 1,5% en los primeros 5 meses en comparación con igual período del año pasado.

El director del instituto, Federico Bernal, explicó que la desaceleración se dio principalmente por la fortísima caída en el sector residencial, un 19% por debajo del mismo período del año pasado.

Los sectores industrial, comercial y del GNC también sufrieron caídas del orden del 0,2%, 8% y 11%, respectivamente.

La única excepción fueron las centrales termoeléctricas, que compraron gas a valores que permitieron a las petroleras embolsarse cerca de US$ 1.362 millones adicionales, que surgen de las diferencias entre el valor asignado a la generación y el precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte (PIST) entre 2015 y 2017.

Le llama la atención a Bernal que “el menor volumen demandado por los hogares argentinos fuera prácticamente absorbido por las centrales termoeléctricas que incrementaron su demanda en similares cantidades”, y que la demanda de electricidad para el 1er semestre de 2017 haya sido un 2% menor a igual período de 2016.

Salta a la vista que el incremento promedio del precio del m3 vendido a las centrales eléctricas fijado por la administración nacional -luego del ajuste del PIST de abril del corriente (en relación a 2015)-, es el más elevado en comparación con los incrementos promedios para los sectores residencial y comercial/PyME/GNC.

Las elevadas temperaturas invernales determinaron menos volumen despachado como consecuencia del impacto del clima sobre el nivel de consumo y simultáneamente el balance de YPF reflejó más plata por las subas de tarifas en la facturación.

Durante el 2do trimestre de este año, le ingresaron por las ventas de gas natural al segmento minorista (clientes residenciales, y pequeñas industrias y comercios) $1.600 millones más, o un 93,5% de aumento, que “se explica principalmente porque nuestra compañía controlada, Metrogas, registró menores volúmenes de gas despachados en un 26,7%, y un mayor precio promedio del 144,5%, totalizando un incremento de sus ventas de $ 1.500 millones o un 79,3%”.

Con vistas al futuro, la política tarifaria en ejecución, al ser flotante la paridad cambiaria, torna imposible saber qué precio recibirán los productores de gas transcurrido el lapso preelectoral de suspensión de los aumentos. Adicionalmente, en abril del año que viene, también se actualizará el precio en boca de pozo (a US$ 4,68/MMBtu) y se ajustará el último 30% de lo que solicitaron las distribuidoras.

En su carta Coordenadas Nro. 432, Claudio Chiaruttini abre un interrogante sobre la capacidad política tendrá el Gobierno de Mauricio Macri luego de las PASO y las elecciones generales de octubre para aplicar los aumentos de tarifas de luz, gas y agua pendientes, que según especialistas totalizan 12 programados, para alcanzar valores internacionales o equilibrio en las operaciones, como es el caso de Aguas Argentinas.

A los cuestionamientos que quedaron pendientes de ser resueltos en las audiencias y en las instancias judiciales a las que fueron derivados se agregan las conclusiones que deja en la oferta y la demanda el atípico comportamiento del clima en este invierno a punto de culminar, cuyos días más fríos tuvieron lugar entre el 15/07 y el 19/07 y el costo de la calefacción no se conocerá hasta después de las PASO. Hubo prematuras bajas temperaturas desde abril que coincidieron con los primeros aumentos en el gas, pero apenas se aplicaron restricciones al suministro a las industrias que de todas maneras estaban en receso.

Juan José Aranguren.

Juan José Aranguren.

Espaldas políticas para los tarifazos

De modo que las boletas con los consumos más altos de gas llegarán a partir del 20 o 25 de este mes o ya en setiembre, según la fecha de cierre de la facturación, pero sin los aumentos postergados, con lo cual, por un lado, las tarifas no entraron en las campañas ni tampoco se planteó ningún debate serio, razón por la que Chiaruttini supedita la recomposición pautada en las boletas de luz, para febrero y noviembre de cada año, y de la del gas, que se concreta en abril y octubre, al resultado electoral del domingo 13/08, debido al desgaste de altísimo capital político que significan, lo cual llevó en abril a Juan José Aranguren a decidir desagregar en 3 tramos el aumento, por lo que a la suba de noviembre hay que sumar 2 tramos que no se dieron hasta ahora en el sector gasífero.

Recuerda el informe que “la caída del consumo que ralentiza la recuperación de la economía tiene como causa el fuerte impacto que tuvo en el ingreso de las familias la suba de todos los servicios, públicos o privados, dado que al agua, la luz y el gas hay que sumar medicina prepaga, colegios privados, seguridad, expensas, alquileres, telefonía celular o servicios de internet, entre otros”, y que a la cuenta de los pobres va la tarifa pública más retrasada que hoy corresponde al transporte, pero que no tiene impacto en la balanza comercial ni en la balanza de pagos como los subsidios energéticos, que rondan los US$ 6.000 millones.

Finalmente, como las elecciones terminan en octubre y la carrera por las presidenciales se iniciará a fines de 2018, el Gobierno de Mauricio Macri no dispone de demasiados meses para aplicar los cuadros tarifarios previstos dentro de su mandato, por lo que el lapso para definir las alícuotas finales de los aumentos no será muy superior a los dos meses y se esperan subas nunca inferiores al 50% si se toma como referencia la devaluación del peso de las últimas semanas.

Hasta el momento, las empresas petroleras tampoco han venido realizando las inversiones con que se contaba con el aumento otorgado a los precios de la cadena y, en el caso de la producción de petróleo, ha sido la más baja de los últimos años.

Pero el Gobierno no ceja con la seducción, ya que después de flexibilizarle los convenios laborales, ahora aprobó la articulación de un nuevo régimen especial para la importación de bienes de capital usados con el objetivo de incentivar la llegada de inversiones para la explotación de la gigantesca formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta (suroeste).
La medida -que fue publicada este jueves en el Boletín Oficial- establece un arancel del 0 % para los productos más “críticos” y del 7 % para los“complementarios”.

Ahora el círculo de los subsidios sólo tiene espacio para cerrarse con la suba de tarifas, porque se tornó casi imposible que si no caen el déficit fiscal y el rojo en las cuentas públicas, el “modelo” que aplica Mauricio Macri tenga posibilidad de ser sustentable, concluye Chiaruttini.

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