La Justicia laboral declara la guerra a Triaca que le pidió Juicio Político

La Justicia laboral declara la guerra a Triaca que le pidió juicio político

El conflicto de la Bancaria cuya resolución se dio el pasado jueves 16, trajo otro que además es una importante definición del gobierno de cual será su metodologia frente a los conflictos laborales y discusiones salariales. Este lunes 20/02, la justicia laboral advirtió sobre los últimos movimientos del gobierno, encarados por Jorge Triaca y el pedido de juicio político a aquellos que fallaron a favor del gremio. El hecho tuvo repercusiones internacionales y pone en discusión la división de poderes y el ejercicio pleno del poder judidicial.

SI bien el conflicto entre el gobierno nacional y el gremio que nuclea a los trabajadores de entidades financieras, La Bancaria parecía haber terminado el pasado jueves 16/02 donde en una maratónica reunión llegaron a un acuerdo que derivó en el levantamiento del paro de bancos que estaba estipulado hasta el martes 21/02.

El gobierno a través de su cartera de trabajo redobla la apuesta y logra incluso alertar a tribunales internacionales. Se trata de un pedido de juicio a los jueces que fallaron a favor del gremio. Toda una definición política del gobierno y cuya cartera está a cargo de Jorge Triaca y marca un antecedente importante que puede repercutir en otras discusiones salariales futuras.

Este lunes 20/02 la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo, una entidad civil sin fines de lucro, compuesta por magistrados y jueces del trabajo de la mayoría de los países de América Latina expresó su preocupación frente a los ataques que vienen siendo objeto diversos jueces en razón de las decisiones y fallos judiciales que adoptaron, como es el caso de los integrantes de la Sala VI de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la República Argentina, Doctores Graciela Craig y Luis Raffaghelli, como la de los integrantes de la Sala de Feria de la misma Cámara, Doctores Enrique Arias Gibert y Graciela Marino, a los que se los amenaza con un pedido de juicio político por los contenidos de sentencias que podrían afectar decisiones de otros poderes del Estado Argentino, lo que significa, una velada amenaza a la independencia de la totalidad de los jueces y magistrados de ese país.

La Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo afirma que sostener que el criterio registrado en los fallos judiciales pueda constituir causal de mal desempeño de los jueces que los dictan, destruye en sus bases el principio de separación de poderes e independencia del poder judicial. Para ello, la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo recuerda que los fallos judiciales jamás pueden ser el sustento para que se los pueda remover a los jueces de sus cargos.

Esta Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo recuerda que la protección de las libertades y garantía de eficacia de los derechos de los ciudadanos se asienta en un sistema que garantiza la independencia de los jueces contra el abuso del poder por parte del Estado. Tal garantía sería ilusoria si los jueces puedan ser destituidos por las sentencias que dicten en ejercicio de sus funciones. La advertencia internacional no fue la única.

En la misma jornada, la Comisión Interna – Fuero del Trabajo también sentó su posición al respecto a través de un comunicado firmado por su Secretario General, Cristian Carro en la misma enfatizan: “Confirmada la solicitud del poder ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura mediante la cual se solicita el inicio de juicio político a los jueces de la Sala V de la CNAT, Dra. Graciela Marino y Enrique Arias Gibert, luego que los mismos fallaran a favor de la media cautelar planteada por la Asociación Bancaria, -conflicto de partes que ha sido ampliamente superado luego del acuerdo del jueves pasado-, la Comisión interna del fuero del Trabajo hace público su más enérgico repudio y rechazo a tamaña decisión”.

Además agrega: “De avanzar con este pedido, estaríamos frente a un hecho más, tendiente a disciplinar a la magistratura detrás de los objetivos políticos del Gobierno Nacional. Se repite entonces la misma forma conque desde el poder político se teledirige a la justicia federal y a la de la Ciudad de Buenos Aires. Los judiciales nacionales en general y particularmente los de la Justicia Nacional del Trabajo, no vamos a dejar que corran a nuestros jueces con amenazas veladas o explícitas y estaremos siempre en la primera línea de denuncia y lucha contra cualquier intento de colonización de los estrados judiciales”.

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