SE DENUNCIÓ EN FISCALÍA AL INTENDENTE PRADES POR BENEFICIAR ECONÓMICAMENTE A SUS FAMILIARES

En el día de la fecha, bajo la tutela de los términos del Artículo 166º y siguientes del Código Procesal Penal, formule denuncia criminal ante el Señor Agente Fiscal a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción en turno, en contra el intendente de Caleta Olivia, en orden a los hechos que en principio podrían constituir los delitos de CONFLICTO DE INTERESES, TRÁFICO DE INFLUENCIAS, ABUSO DE AUTORIDAD, MAL DESEMPEÑO DE FUNCIONARIO PÚBLICO  Y EVENTUAL ASOCIACIÓN ILÍCITA.-

La acción se dirige, contra el Intendente de Caleta Olivia, Carlos Facundo Prades, por favorecer a su familia económicamente, en virtud de cederle una adjudicación a la firma LB SUR S.A., cuyos propietarios son la familia Cannes y, dentro de la misma, se encuentran su esposa y cuñados.-

Mediante BOLETÍN OFICIAL Nº 230, Caleta Olivia, del 16 de Mayo de 2018, páginas 1 y 2, se publicó el DECRETO Nº 360 MCO/18, Caleta Olivia, del 13 abril 2018, Expediente Nº 2018-273-1, el mismo menciona que se tramitó la adjudicación de la Licitación Privada Nº 16/18, referente a la “Contratación Camión Equipado con Tanque para Provisión de 1.500 Viajes de Agua” y que la Comisión de Preadjudicación resolvió Adjudicar la Licitación a la Firma LB SUR S.A., por la suma de Pesos Trescientos Setenta y Cinco Mil con 00/100.- ($ 375.000).-

El intendente Prades, es firmante del DECRETO Nº 360 MCO/18, donde le adjudica la Licitación Privada a su esposa Andrea Alejandra Cannes y sus cuñados Sebastián Enrique Cannes y Guillermo Daniel Cannes. Todos ellos, titulares de la empresa LB SUR S.A., así descripto y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz Nº 4740.-

En la denuncia se solicita al Fiscal, varias proposiciones de diligencias y medidas preliminares, en atención al decreto, licitación privada, expediente y demás documentaciones y acciones vinculadas al caso-causa.-

El régimen de incompatibilidades de la Ley Nº 25.188 (Ley de Ética Pública) establece en su art. 2º, inc. i) que los funcionarios y empleados públicos deben abstenerse de intervenir en todo asunto respecto al cual se encuentren comprendidos en alguna de las causas de excusación previstas en la ley procesal civil. Se trata del art. 17º del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que incluye, entre otras causales, el parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad: padres, hijos, abuelos, nietos, hermanos, tíos, sobrinos, primos hermanos, suegros, cuñados y nueras/yernos.-

        

El Código Procesal Civil y Comercial, en su art. 17º reza lo siguiente: “El parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad con alguna de las partes“.-

Cabe recordar que la ley Nº 55 “Ley de las Municipalidades” es muy clara al respecto, en su artículo 36º nos reza: No se admitirán como miembros de la Municipalidad: inc. b) Los que directa o indirectamente estén interesados en algún contrato en que la Municipalidad sea parte. Mientras que el Artículo 37º expresa: Cuando algún miembro de una Municipalidad, con posterioridad a su nombramiento, cayere en alguna de las inhabilitaciones del artículo anterior, cesará automáticamente en su cargo.-

La conducta del Intendente de la Municipalidad de Caleta Olivia, es criminalizada por diferentes leyes y códigos, ya que, es llevada a cabo por un funcionario público que se interesa en un contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo, con el fin de que su esposa o ex esposa, sus actuales hijas, cuñados y hasta quizás el suegro obtengan un beneficio económico, existiendo un claro desdoblamiento de la personalidad del funcionario al actuar como interesado y como funcionario público propiamente dicho.-

Existe además negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública ya que hubo una yuxtaposición de intereses configurada en razón de la vinculación que el agente público cuestionado (Facundo Prades) tiene con la firma (LB Sur S.A. – Familia Cannes) que aparece como contraparte beneficiada.-

Se transgredieron las normativas de: Código de Ética de la Función Pública (Ley Nº 3325); Ley Provincial de Ética Pública (Ley Nº 3034); Ética en el Ejercicio de la Función Pública (Ley Nº 25.188), entre otras.-

Será la Justicia de la Provincia, la que deberá demostrar la conducta delictiva y por ende condenar penalmente al funcionario, teniendo en cuenta que se están utilizando Fondos del Erario Público para beneficiar a la familia del intendente.-

No quisiera pensar que le cedió la Licitación Privada a su esposa o ex esposa, para esquivar responsabilidades civiles o acordar por éstas, teniendo en cuenta que el propio intendente expresara tiempo atrás en referencia a sus ex esposas: “…tengo que pagar cuota alimentaria, si no las madres me llevan puesto, las minas son una cagada de verdad…”, y por lo cual, entre otras expresiones, fuera denunciado ante el INADI Santa Cruz.-

Juan Ignacio Paradiso – Caleta Olivia

DNI 20.251.528

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