Stornelli pidió elevar a juicio la causa de Río Turbio

Por la misma están en prisión Atanacio Pérez Osuna y Julio De Vido. El pedido de juicio oral por el delito de peculado alcanza a Matías Mazú, Juan Vargas, Miguel Angel Larregina y Juan Carlos Lascurain. El intendente de Río Turbio en su declaración apuntó contra Larregina y Baratta. “Yo no ordené el pago” aseguró.

En medio de otras investigaciones, el fiscal federal Carlos Stornelli dio forma final a la que investiga el pago millonario a la empresa Fainser para realizar una obra vial en la localidad de Río Turbio, a partir de un convenio con YCRT. Por esta causa está preso el intendente de la localidad Atanacio Pérez Osuna por su función de interventor cuando ocurrió el hecho. También el ex ministro de Planificación, Julio De Vido.

En su pedido de elevación a juicio oral que ahora deberá decidir el juez Sergio Rodríguez, el fiscal apunta no sólo a Pérez Osuna y De Vido, sino también involucra al hoy diputado provincial y entonces jefe comunal de la localidad de la Cuenca, Matías Mazú, como a los ex funcionarios de YCRT Juan Vargas y Miguel Angel Larregina. Y hace lo propio con el dueño de la empresa constructora, Juan Carlos Lascurain.

En su escrito, Stornelli calificó de “maniobra” lo que considera un pago injustificado a la empresa Fainser, días antes del cambio de gestión. “Tengo por cierto y por probado” afirma, de que todos los imputados “tomaron parte, respectivamente, en la substracción de fondos públicos de la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio y de los Servicios Ferroportuarios de Punta Loyola y Río Gallegos”, señala en el dictamen el fiscal.

Apunta a un desvío de $ 50 millones, que salieron de los fondos de YCRT con el aval de la Municipalidad de Río Turbio, “sin justificación o causa jurídica alguna, a la empresa Fainser S.A, a través del pago de tres cheques, dos de ellos librados el día 30 de noviembre y el restante el 9 de diciembre de 2015”.

Ese pago era el adelanto de obra para la construcción de “la readecuación de la Av. YCF” que tenía un presupuesto de $ 494.235.200, en base al contrato firmado con la empresa el 29 de junio de 2015. Pero la obra, apunta el fiscal, “nunca exhibió comienzo de ejecución” pese a que sí se concretó el pago.

Stornelli los acusó del delito de peculado, que prevé una pena de hasta diez años de prisión para el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada. A Pérez Osuna lo acusó de ser autor, y al resto partícipes necesarios.

“Yo no ordené pagar”

Cuando le tocó declarar en indagatoria, Pérez Osuna explicó que “la obra era necesaria y de suma importancia” porque iba a ser “el único acceso a Río Turbio, tanto para la gente de ahí como de 28 de Noviembre” para evitar los accidentes que se producían en la zona “por el constante movimiento de maquinarias, colectivos y camiones de la empresa Yacimiento Río Turbio”.

Y negó tener posibilidad alguna para recuperar los fondos: “La plata nunca ingresó a la Municipalidad de Río Turbio y se paga por YCRT, y la póliza está en ese lugar. No hay forma de que la Municipalidad pueda recuperar una plata que nunca ingresó ni tampoco nunca salió”. Al tiempo que aseguró que “la firma de este contrato, la decisión, fue del Ministerio de Planificación Federal, a través del licenciado Roberto Baratta”.

Cuando le preguntaron por qué habían pagado a Fainser, aseguró: “Nunca di la orden de que se pagara por YCRT. Es evidente que hubo una orden superior, que el que seguramente lo puede decir con lujo de detalles es Larregina, porque él manifiesta que le daban órdenes y le mandaban correos electrónicos”.

Fuente:laopinionaustral

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